Colombia: ¿y si la reforma de salud de Petro ayudó a la derrota de su candidato?
La crisis sanitaria del país se vio potenciada por las polémicas reformas implementadas por el expresidente, mientras se multiplicaban las denuncias sobre falta de medicamentos.
Colombia encabeza el interés digital regional por la salud con 2,7 puntos, por encima de Argentina (2,4), Ecuador (2,1) y Chile (2,0).
La explicación más consistente no parece estar en una mayor “cultura sanitaria” de los colombianos, sino en algo bastante más concreto: durante el último año la salud dejó de ser un tema sectorial para convertirse simultáneamente en un problema cotidiano, económico, judicial y político.
La crisis se volvió tangible para millones de personas a través de medicamentos que no llegan, citas demoradas, tratamientos interrumpidos y mayores gastos de bolsillo.
La Defensoría del Pueblo registró unas 51.000 quejas de salud en 2025, frente a 35.000 en 2024, y otras 16.000 solamente entre enero y abril de 2026.
Entre las personas relevadas en puntos de dispensación durante 2025, el 90% declaró no haber recibido sus medicamentos o haberlos recibido parcialmente o tarde.
La politización de la salud
Pero, además, el problema se politizó como en pocos países de la región.
La reforma sanitaria fue una de las grandes apuestas de Gustavo Petro y también uno de los escenarios centrales de su enfrentamiento con el Congreso y con las EPS.
El Senado volvió a hundirla en diciembre de 2025, en plena crisis de atención, prolongando una discusión que llevaba prácticamente todo el mandato presidencial.
Esa combinación convirtió a la salud en tema electoral.
A fines de 2025, una encuesta publicada por El Espectador ubicaba a la salud como la principal prioridad para el siguiente Gobierno para el 32% de los consultados, por delante incluso de la seguridad, mencionada por el 23,3%.
Durante la campaña presidencial de 2026, la cuestión terminó consolidándose como una de las mayores preocupaciones de los votantes.
Por eso, el 2,7 colombiano surgido del análisis de Monitor Digital expresa más crisis que interés abstracto por la salud.
Una discusión más que técnica
El primer elemento de análisis del interés en Colombia por la salud es probablemente el más importante: la crisis llegó a la experiencia individual del usuario.
La Defensoría señala que el 24% de las quejas y peticiones recibidas entre enero de 2025 y abril de 2026 estuvo asociado a demoras en medicamentos y otro 21% a dificultades para conseguir consultas generales o especializadas.
Además, cerca del 60% de las personas afectadas tuvo que comprar medicamentos con su propio dinero.
Ese fenómeno tiene una traducción muy potente en el mundo de las redes sociales:
Un debate sobre financiamiento sanitario puede quedar encerrado entre especialistas; un paciente buscando un medicamento, denunciando una demora o reclamándole públicamente a su EPS produce contenido social espontáneo, que después puede ser amplificado por familiares, periodistas, organizaciones y políticos.
Ahí hay una de las principales claves del diferencial colombiano: la conversación sobre salud nace también desde abajo, no solamente desde la agenda mediática.
El rol de las EPS
El modelo colombiano agrega otro componente particular: las EPS son conocidas masivamente y forman parte de la vida administrativa cotidiana de los ciudadanos.
El caso más contundente es Nueva EPS, la aseguradora más grande del país, con más de 11,5 millones de afiliados.
Sus estados financieros conocidos en julio mostraron pérdidas por 6,1 billones de pesos durante 2023 y 2024, deudas superiores a 22 billones y patrimonio negativo.
Esto significa que la crisis de una sola organización tiene capacidad para afectar potencialmente a una población equivalente a la de varios países sudamericanos.
Petro convirtió la salud en una batalla política permanente
Hay además una explicación esencialmente política para entender la preocupación sostenida de los colombianos por la salud.
La reforma del sistema fue una de las grandes banderas del Gobierno de Gustavo Petro.
El Ejecutivo planteó reducir la intermediación de las EPS y aumentar el rol estatal; sus adversarios cuestionaron tanto el diseño como las consecuencias financieras y administrativas del cambio.
El resultado fue una disputa prolongada durante prácticamente todo el mandato, con proyectos frustrados, intervenciones a aseguradoras, conflictos judiciales y acusaciones cruzadas.
La judicialización del tema
Otro dato permite fortalecer especialmente la hipótesis de Monitor Digital.
En Colombia, en 2025 se presentaron 312.573 tutelas relacionadas con la salud, frente a 207.372 en 2019.
La Defensoría calcula un incremento acumulado del 51%, y señala que los medicamentos pasaron a convertirse en la principal causa de judicialización sanitaria.
Este dato es clave ya que ayuda a descartar una lectura simplista del ranking digital.
Colombia no aparece primera únicamente porque los colombianos “hablen mucho” de salud: existe detrás una conflictividad social cuantificable que obliga a cientos de miles de personas a recurrir a los tribunales para reclamar prestaciones sanitarias.
Un tema electoral
La crisis sanitaria de Colombia terminó completando el ciclo al entrar de lleno en la campaña presidencial.
El País describió en mayo de 2026 cómo la salud, tradicionalmente poco atractiva electoralmente por su complejidad técnica, había pasado a ser una de las principales preocupaciones de los votantes, atravesada por dificultades con medicamentos, cierre de servicios y problemas para obtener turnos con especialistas.
El balance final del Gobierno Petro publicado en agosto reforzó esa lectura: entre 2021 y 2025, las peticiones, quejas y reclamos pasaron de 915.000 a 2,1 millones, mientras las tutelas sanitarias crecieron de unas 92.000 a alrededor de 313.000.
